Muchas empresas mineras quieren que tanto la sociedad como los inversionistas las perciban como responsables, y una manera sencilla de conseguirlo sería ascender a quien lidera el área de relaciones comunitarias a la junta directiva. Esto enviaría un mensaje contundente acerca de sus prioridades empresariales.

Pero la realidad en muchas compañías mineras es que el área de relaciones comunitarias tiende a estar relegada dentro de la jerarquía corporativa. En algunos casos debe reportar a la vicepresidencia o la dirección de relaciones ambientales y comunitarias, otras veces a la dirección de asuntos externos o corporativos y en otros casos incluso a la dirección de recursos humanos.

El rango que se otorga a los profesionales de relaciones comunitarias es un reflejo claro de la posición real que ocupa esta labor en la escala de valores y prioridades de la empresa. Mientras mayor es el enfoque corporativo hacia maximizar las ganancias y reducir los costos, mayor la probabilidad de que las relaciones comunitarias sean tan solo una fachada para quedar bien ante inversionistas, medios de comunicación e instancias gubernamentales.  

Cuál es el temor de los inversionistas acerca de la minería
El problema de este enfoque es que puede exponer a la empresa minera a daños inesperados y costosos en su reputación.

Una auténtica preocupación para los inversionistas institucionales es la posibilidad de que ocurran “incidentes” en las comunidades anfitrionas que ocasionen serias tensiones. Un informe que encargamos al Financial Times identificó entre sus principales preocupaciones al invertir en compañías mineras los problemas que se ocasionan por violaciones a los derechos humanos y por daños a la reputación.

Por lo tanto, yo diría que cuanto más alejada esté la voz de quien lidera las relaciones comunitarias del oído de la dirección ejecutiva, mayor es el riesgo de que la junta directiva no comprenda o no aborde de forma adecuada los potenciales problemas con la comunidad minera anfitriona.

Para muchos inversionistas sería un alivio que la persona a cargo de las relaciones comunitarias tuviera acceso directo a la junta directiva. Tendrían garantía de que la actuación de la minera sería oportuna y de que podrían prevenir disputas con la comunidad anfitriona antes de que conduzcan a una crisis. Mejor aún, les aseguraría una participación directa en el diseño y la operación de las minas incluso antes de su construcción.

Por otra parte, las empresas que priorizan las relaciones con su comunidad anfitriona serían bien recibidas por las autoridades gubernamentales que otorgan las licencias mineras, lo que reduce el riesgo de potenciales problemas sociales a futuro.

Creo que las relaciones comunitarias son ahora tan importantes como la geología, dada la sensibilidad de inversionistas, autoridades gubernamentales y la sociedad en general respecto al daño social. Al final de cuentas, no se pueden explotar de forma óptima los recursos geológicos sin buenas relaciones con la comunidad.

Cuatro argumentos fundamentales 
Estos son desde mi perspectiva los principales argumentos del porqué la persona a cargo del área de relaciones comunitarias debería formar parte de la junta directiva, en especial si la dirección ejecutiva quiere ser reconocida por liderar una compañía minera responsable.

1/ Licencia social para operar
La participación del área de relaciones comunitarias en la junta directiva ayuda a garantizar el apoyo local y evitar retrasos costosos. Además, demuestra que las comunidades anfitrionas serán tomadas en serio.

2/ Alineación con los ESG 
Garantiza que la dimensión social reciba la misma atención que las preocupaciones ambientales y de gobernanza, lo cual es crucial para la credibilidad general de los estándares ESG.

3/ Reducción de riesgos
Contar con información oportuna acerca de la percepción de las comunidades contribuye a evitar interrupciones y aminorar el riesgo de los proyectos.

4/ Confianza de los inversionistas
Cuando la junta directiva presta atención al factor social envía una señal de responsabilidad a los inversionistas, a la vez que fortalece su reputación y amplía el fondo de capital disponible.

No creo que actualmente haya directores de relaciones comunitarias formando parte de la junta directiva en la mayoría de las empresas mineras. Pero hay razones para ser optimistas.

El cambio está en marcha
Por ejemplo, el Social Way de Anglo American exige que los líderes prioricen y analicen el desempeño social en todas las funciones. Cada planta cuenta con un Comité de gestión del desempeño social (SPMC), generalmente presidido por el director general e integrado por los equipos de operaciones, salud y protección, riesgo, recursos humanos, seguridad y comunicaciones. A través de reuniones trimestrales o bimensuales, el SPMC hace un seguimiento del impacto, los riesgos sociopolíticos, la participación de las partes interesadas, así como del avance en el cumplimiento de los compromisos sociales y de derechos humanos.

Rio Tinto impulsa el desempeño social a través de una función global específica que le reporta directamente al director ejecutivo y Endeavour Mining cuenta con un vicepresidente ejecutivo de relaciones públicas, seguridad y desempeño social, lo que demuestra la importancia estratégica que le otorgan a la participación gubernamental, así como su alineación con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Por su parte, De Beers sitúa la vigilancia de la sostenibilidad en el consejo directivo, con lo que refuerza su responsabilidad ejecutiva hacia los resultados sociales y ambientales.

Por supuesto que incluir a la persona responsable de las relaciones comunitarias en la junta directiva tiene que venir acompañado de un poder y una influencia reales. Esta persona debe poder contribuir de forma significativa a las políticas y operaciones de la empresa y no ser un simple recurso publicitario.

Una señal convincente
Sin embargo, un nombramiento de este tipo, realizado con la intención correcta, sería una señal poderosa para las partes interesadas de que la compañía minera se toma en serio la responsabilidad social. Los inversionistas se sentirían más cómodos invirtiendo en ella y disminuiría la preocupación de las autoridades gubernamentales sobre la posibilidad de que el proyecto genere problemas con la comunidad anfitriona.